El Gobierno subirá más impuestos. No dijo cuándo ni cuánto. Se supone que será pronto. Incluso no precisó con exactitud algunos de ellos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció al término del Consejo de Ministros la creación de tributos ambientales, la subida del impuesto de sociedades mediante la supresión de algunas deducciones a las empresas con volúmenes de facturación superiores a 20 millones de euros, la puesta en marcha del ya anunciado impuesto a la banca por sus depósitos y el aumento de algunos impuestos especiales, que no precisó.

De estos últimos Montoro sólo matizó que la subida no afectará a los hidrocarburos («porque ya están muy caros») y tampoco a aquellos que podrían dañar a la hostelería, lo que parece descartar que vayan a revisarse los que gravan la cerveza y las bebidas alcohólicas. Quedan, por consiguiente, expuestos a una eventual subida de tipos tributarios el tabaco, la electricidad, el carbón, medios de transporte, productos intermedios y otros.

El nuevo impuesto a los depósitos bancarios (al que se contribuirá en toda España, pero del que sólo se beneficiarán las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía y Canarias) será un tipo muy bajo y permitirá recaudar entre 250 y 300 millones al año para compensar a esas regiones una vez que la Administración central les privó de esa figura impositiva para impedir su generalización a todas las autonomías. Asturias y Cataluña, que ya habían decidido crearla, no se beneficiarán de lo que se vaya a recaudar a partir de ahora porque la norma estatal entró en vigor antes que la de ambas regiones.

Montoro sostuvo que no es un impuesto a los depósitos ni a los clientes, sino a los bancos por el volumen de ahorro que manejan. Pero lo previsible es que la banca traslade su impacto -como cualquier otro coste- al cliente final.

Además de este ascenso de la presión fiscal, el Gobierno anunció ayer que, en contra de lo prometido hasta ahora, no suprimirá en 2014 la subida del Impuesto sobre la Renta (IRPF) aprobada el 30 de diciembre de 2011, por lo que pospone su revisión a 2015.

Las nuevas subidas de impuestos -que se suman a las ya aprobadas por el actual Gobierno en los últimos 16 meses, y que afectaron al IRPF, IBI, IVA, Sociedades, tabaco y energía- pretende contribuir a reducir el déficit fiscal. Según datos de la OCDE, España fue el país que más aumentó la presión fiscal en el último año en relación a la renta.

La subida de impuestos no fue la única mala noticia que emanó ayer del Consejo de Ministros. Aunque el Gobierno mantiene que en 2014 España dejará atrás la recesión (lo que ya ocurrió en 2010, pero de forma poco duradera), el Ejecutivo español ha acabado por admitir que este año la caída de la economía será casi el triple de lo que preveía. Ayer reconoció que el PIB caerá el 1,3% y no el 0,5%, que es la estimación sobre la que se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado. Con todo, la nueva previsión gubernamental sigue siendo algo más optimista que el consenso de los centros de predicciones y organismos multilaterales, que lo sitúan entre el -1,5% y el -1,6%. Para 2014 el Ejecutivo español prevé que el PIB crezca el 0,5%.

La otra infausta noticia es que el Gobierno ya da por hecho que acabar con el paro no es tan sencillo ni tan fácil como se había prometido. El Consejo de Ministros aprobó dos previsiones. Una, siendo muy negativa, apunta a cierto optimismo: prevé que el paro no suba más este año y que el ejercicio cierre con la misma tasa (27,1% de la población activa) que se alcanzó en el primer trimestre. La otra indica a una mejora pero es pesimista: Economía estima que a fines de 2016 el paro sólo bajará al 24,8% y que cuando finalice esta legislatura (diciembre de 2015) el paro será del 25,8%, casi tres puntos superior al 23% que había cuando el PP llegó al poder.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó ayer que este año la inflación va a converger en el entorno del 1%, e incluso señaló que no es descartable que se sitúe por debajo después del verano.

De Guindos explicó que el año pasado el índice de precios al consumo (IPC) llegó a situarse por encima del 3,5%, debido al precio de los carburantes y de la electricidad, pero en realidad, el IPC subyacente -que los excluye- llegó a estar por debajo del 1%.

El Gobierno pretende desvincular las rentas públicas del IPC, y emular al sector privado, donde los agentes sociales ya han alcanzado un pacto de rentas para subir los salarios al margen de lo que ocurra con los precios.

El ministro De Guindos se esforzó en explicar que si el IPC termina el año en el entorno del 1%, los que cobren pensión no habrán perdido poder adquisitivo, ya que su prestación subió a principios de este ejercicio el 2% en el caso de las rentas mínimas y el 1% el resto. En el caso de los salarios, que el IPC se quede en el 1% o por debajo permitirá atenuar la pérdida de poder adquisitivo de las familias tras las rebajas de los sueldos. Pero además, una inflación en esos parámetros contribuirá a ganar competitividad en el exterior.

«Menos inflación significa más competitividad y más exportación, un saldo positivo en la cuenta de pagos y una evolución positiva en las condiciones de financiación de la economía española. Son datos macroeconómicos que indican que la economía española se va a recuperar», insistió el Ministro.