Lejos de acabar, la ‘guerra de las gasolineras’ podría haber entrado en una nueva fase en la que se pueden dar consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Burgos, según hizo público ayer el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia. Muy resumido, el conflicto arraiga en la concesión de sendas licencias a dos estaciones de servicio que no guardaban la distancia de 900 metros que debía respetarse con otras ya existentes, tal y como contemplaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para soslayar el conflicto, se promovió, a instancias de una de las empresas de nueva implantación, una modificación del Plan para eliminar esa distancia ‘de seguridad’. Se trataba de adecuar la norma a otras leyes que pretendían fomentar una mayor competencia y que, por tanto, defienden el interés general por ser tendentes a lograr una reducción del precio del carburante.

Sin embargo, uno de los afectados lo llevó a los tribunales. Perdió, pero lo llevó al Tribunal Superior de Justicia. Y volvió a perder. Y entonces recurrió en casación al Supremo y ha ganado. De hecho lo hizo en enero, que es de cuando data la sentencia hecha pública ayer por los ‘unionistas’.
Según el fallo, el Ayuntamiento conculcó el procedimiento ya que no se acreditó en el expediente que se requiriera conforme a procedimiento la elaboración de los informes preceptivos por Ley tanto a Diputación como a Fomento. El Consistorio basó su defensa frente al Supremo en que dichos informes no son vinculantes y en que sí se solicitaron aunque en el expediente no conste siquiera acuse de recibo.

Sin embargo, tal y como reza la sentencia, el Ayuntamiento no hizo «el menor esfuerzo por demostrarlo» y «se escuda en todo momento en el argumento formalista e inaceptable de que la norma no obliga a acuse de recibo». Dice además el magistrado que se vulneró el procedimiento y la garantía legal del mismo, por lo que declara nula la sentencia del TSJ y el acuerdo plenario que permitió, con el voto favorable de PP y SI, modificar el PGOU para eliminar dicha distancia.
El dueño de la gasolinera del centro comercial Mirador (Carrefour) ha solicitado tras ese fallo el cierre de la estación de servicio que se abrió con posterioridad en el párking del mismo complejo y su petición ha sido rechazada, según explicó ayer el portavoz de UPyD, Roberto Alonso.

«Nos consta que ahora piensan pedir el lucro cesante al Ayuntamiento y que eso equivaldría al 40% de su facturación», motivo por lo que considera que el Ayuntamiento podría verse abocado a afrontar una fuerte indemnización dado que la sentencia del Supremo invalida el procedimiento.