El Gobierno maniobró para extremar la vigilancia para evitar abusos en el sector de los combustibles cuando arrancó la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio. El Ejecutivo incluyó en el decreto de medidas ‘anticrisis’ la puesta en marcha a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de un control exhaustivo de la formación de precios de los carburantes con una vigencia de tres meses, hasta finales de este mes. Pero ahora ha decidido prolongar el control de las grandes petroleras durante todo el año.

El Gobierno prolongará hasta fin de año la obligación de las grandes petroleras, las que tienen refinerías en España (Repsol, Moeve y BP), de informar cada semana a la CNMC sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y sobre los precios a los que suministran los carburantes a las gasolineras. Una obligación prevista inicialmente para tres meses prorrogables, pero que mañana el Consejo de Ministros acordará mantenerla activa durante todo 2026.

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