El Gobierno estudia la implantación de nuevas tasas al sector de hidrocarburos en forma de impuesto ecológico. Podría afectar a miles de gasolineras y, en especial, a los surtidores de las grandes petroleras, como Repsol, Cepsa, BP y Galp, que son los que más litros despachan al cabo del año.

El sector, que tradicionalmente se ha considerado víctima de la voracidad recaudatoria, ya se ha puesto en pie de guerra. Ocurre en un momento crucial en el que, después de cuatro años de crisis con ventas a la baja, el mercado de hidrocarburos en España empieza a repuntar ligeramente.

La polémica empezó hace unas semanas, cuando altos cargos del Ministerio de Industria mantuvieron un encuentro con representantes de las compañías, agrupadas en torno a la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Esta patronal está presidida por el expolítico Josu Jon Imaz, y en ella están representadas Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Shell.

Industria comunicó a las petroleras que el Gobierno tiene la obligación de trasponer la directiva de eficiencia energética antes de julio de 2014. El objetivo principal de esta directiva es conseguir ahorros del 20% en el consumo de energía en toda la UE antes del año 2020.

El Gobierno quiere incluir la venta de carburantes para el transporte entre los objetivos nacionales de eficiencia energética, es decir, pretende reducir el consumo de hidrocarburos. Los distribuidores al por menor de carburantes, es decir, las gasolineras, en principio estarían considerados “sujetos obligados” de la directiva y por lo tanto, deberán reducir sus ventas.

El esquema que se plantea es que, si no alcanzan un objetivos de reducción de ventas, y se exceden de un tope, que se deberá fijar (por ejemplo, tres millones de litros al año de ventas) deberán comprar “certificados blancos” por dicho exceso. Sería una especie de bula para poder vender más litros, a cambio de una penalización. Fuentes del sector reconocen que en el mercado se ha creado una enorme confusión. De seguir adelante la iniciativa, el impacto en la industria dependerá de cómo se aplique, teniendo en cuenta que es un sector muy complejo.

Industria no ha determinado qué topes se podrían fijar, y lo que es peor: no ha clarificado si se aplicaría individualmente por establecimientos, por grupos empresariales de distribución de hidrocarburos, o por marcas. Las petroleras esperan que ahora se abra un proceso de negociación y que los efectos negativos del impacto de la directiva del ahorro energético se repartan a otros segmentos. En España hay más de 10.000 gasolineras. Las independientes, las cooperativas y las de los hiper han crecido exponencialmente durante la crisis, pero las petroleras tradicionales siguen copando el 80%. Con marca Repsol y sus enseñas, Petrocat y Petronor, operan casi 3.700 establecimientos. Cepsa tiene más de 1.500. BP y Galp superan las 600 cada uno.

QUIÉN PAGA
Los contratos del sector son complejos. Por ejemplo, una gran parte de las gasolineras de BP tiene un modelo franquicia. Las gestiona personal que no es de BP, aunque este grupo es propietario de los activos, por los que recibe un pago, o fee. ¿Quién debería reducir ventas, o pagar por los certificados blancos? La amenaza del nuevo impuesto ocurre cuando el sector empieza a ver luz al final del túnel. El consumo de gasolina y gasóleo alcanzó en septiembre los 2,03 millones de toneladas, un 0,8% más que un año antes, rompiéndose la tendencia bajista del mercado, castigado en los últimos cuatro años por la crisis.

Miguel Ángel Patiño