Para las estaciones de servicio, especialmente las independientes, el mensaje es claro: aunque las nuevas obligaciones más intensas recaen sobre los operadores al por mayor con capacidad de refino, el canal minorista entra de lleno en un escenario de mayor fiscalización pública y regulatoria.

El propio preámbulo del BOE deja pocas dudas sobre el enfoque del Ejecutivo. El texto afirma que “se fortalecen los poderes de supervisión y sanción del Estado” y añade que la volatilidad de los mercados obliga a “reforzar la provisión de una información fiable y real sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio”. No se trata, por tanto, solo de abaratar el carburante, sino de vigilar cómo se comporta toda la cadena de valor en un contexto de tensión geopolítica y fuerte sensibilidad social sobre los precios de los hidrocarburos.

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