Los expertos en fiscalidad ven difícil que los consumidores, ya sean empresas de transporte, de renting o particulares, puedan lograr la devolución de lo pagado de más por el impuesto autonómico a los hidrocarburos que estuvo en vigor entre 2013 y 2018, tras declararlo nulo el Tribunal Supremo en tres sentencias del pasado mes de septiembre.

Aunque las Haciendas autonómicas no aplicaron el impuesto sobre los consumidores, sino sobre las petroleras, estas lo repercutieron a las gasolineras a través de una subida del precio de los carburantes y, a su par, las estaciones de servicio a los clientes.

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