Hace sólo unas semanas que Bruselas daba los primeros síntomas de debilidad en la implantación del coche eléctrico, al retrasar tres años la entrada en funcionamiento de las multas a los fabricantes por las elevadas emisiones de sus ventas de coches, la conocida como doctrina CAFE.

Una decisión que ha sentado muy bien a la mayor parte de los fabricantes europeos que veían muy difícil cumplir con los límites de emisiones que les había puesto Bruselas, pero muy mal a los fabricantes que pensaban superarlos holgadamente.

Puede leer la noticia completa en EL DEBATE