Los agentes sociales han superado el ecuador del año sin despejar la incógnita sobre qué jornada laboral tendrán que aplicar al inicio de 2026, lo que ha comenzado a tener efectos en la negociación colectiva, según reconocen fuentes tanto de los sindicatos como de la patronal. El diálogo social mira al calendario, consciente de que en cuestión de meses tendrá que abrir la mesa para reeditar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve como guía para todos los convenios del país, ya que el actual solo abarca hasta 2025. Los sindicatos ya han expresado que trasladaran a CEOE la petición de reunirse tras el verano, en cambio, en el lado empresarial enfrían la posibilidad de cerrar un acuerdo en este contexto, después de que UGT y CCOO se saltaran el último pacto al apoyar el recorte de jornada.

Esta negociación va más allá de los salarios, pero está llamada a fijar la pauta de las subidas que se efectuarán en 2026, 2027 y 2028, por lo que ambos lados de la mesa son conscientes de que el resultado de la votación del Proyecto de Ley para implementar las 37,5 horas lo condicionará todo. Fuentes empresariales descartan sentarse a negociar el VI AENC antes de que todos los grupos fijen su posición sobre este cambio legal y solo ven posible afianzar un acuerdo en el supuesto de que el Gobierno renuncie a su voluntad de imponer por ley el tiempo de trabajo y esta cuestión se traslade a la mesa bipartita. Si, por el contrario, Yolanda Díaz tiene éxito en la tramitación parlamentaria, avanzan que no podrán firmar alzas salariales, en tanto que muchos sectores tenderán a congelar las nóminas para compensar la subida de costes.

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