La Comisión Europea admitió ayer que la expropiación de la petrolera YPF a Repsol por parte del Gobierno argentino ha dificultado las relaciones del bloque comunitario con Argentina y supone «una piedra en el zapato» en la relación comercial entre ambas áreas. El representante del departamento de Comercio del Ejecutivo comunitario, Matthias Jorgensen, reconoció que los instrumentos de los que dispone Bruselas para defender a la española son escasos por lo que se hace necesario «mejorar los mecanismos» de protección ante casos en los que se vulneran los acuerdos comerciales.

Más de un año después de que el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner anunciara la expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol, el litigio continúa su proceso ante los organismos internacionales de arbitraje a los que recurrió la empresa española. En un debate celebrado en el Parlamento Europeo y moderado por el eurodiputado popular Pablo Zalba, el vicesecretario general de Repsol, Manuel Klingenberg, pidió a Bruselas que «no olvide» su compromiso de apoyo en el litigio a pesar de las limitaciones que existen.

Bruselas negocia en estos momentos un acuerdo comercial con Mercosur y pretende que el litigio entre Repsol y Argentina no afecte a las negociaciones.

Fernández mueve pieza
Mientras tanto, la presidenta argentina Cristina Fernández ha ordenado que se pague a Repsol solamente el 14% del dinero que la petrolera española exige de resarcimiento por la expropiación del 51% de YPF. La Casa Rosada depositará en pesos 1.137 millones de euros en una cuenta bancaria abierta a tal fin, una cantidad muy inferior a los 8.500 millones de euros que Repsol reclamó en su demanda ante el tribunal arbitral del CIADI.

Con esta decisión, anticipada ayer por el diario La Nación, el Gobierno pretende dar una señal de voluntad de pago ante los mercados. Y, al tiempo, tranquilizar a la estadounidense Chevron, que alcanzó recientemente un acuerdo con YPF para invertir en el deseado yacimiento de Vaca Muerta. Repsol ya ha contestado a la Casa Rosada que rechaza la jugada. «Ese movimiento sólo aumentaría la hostilidad y no frenaría los juicios internacionales», señalaron fuentes de Repsol al diario argentino.

J.G. Gallego