En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector -AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)-, que acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas habrían consistido, por un lado, en incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) -las que les compran el carburante- y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

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