La mesa redonda, moderada por Ramón Puigfel Roselló, presidente de la asociación barcelonesa organizadora y vicepresidente de AEVECAR, estuvo integrada por Inés Cardenal, directora de Comunicación y Legal de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) y portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables; Jon Manterola Altuna, presidente de AEVECAR; Víctor García Nebreda, secretario general de AEVECAR; y Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Por parte de la Generalitat, acudió a clausurar la jornada el director del Área de Análisis Estratégico de la Dirección General de Industria, Pere Condom Vilà.

Según Inés Cardenal, “España es el tercer país europeo con mayor disponibilidad de residuos aprovechables para usos energéticos. Su transformación en combustibles renovables permitiría aumentar nuestra independencia energética y sustituir entre el 33 y el 50 % de los combustibles fósiles para el año 2030”. En la actualidad, más de 1.600 estaciones de servicio españolas despachan combustibles 100 % renovables, compatibles con el parque actual de vehículos. Según varios estudios encargados por la plataforma, por cada 1 % más de uso de los combustibles renovables se emiten 800.000 toneladas de CO2 menos, equivalentes a la puesta en circulación de más de 425.000 vehículos eléctricos, una cifra cercana al parque actual en España.

Alcanzar los objetivos

Los ponentes han puesto en duda que se puedan alcanzar los objetivos de descarbonización para 2030 solo mediante la electrificación del parque de vehículos. Por un lado, como ha señalado Víctor García Nebreda, “el primer objetivo era llegar a cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, un objetivo inalcanzable, pero es que no se va a llegar ni a tres millones. Aumentar esta cuota se puede lograr ya, sin necesidad de cambiar el parque de automóviles”.

Para Inés Cardenal, “solo complementando las tecnologías podemos alcanzar los objetivos propuestos. El objetivo es dar a los clientes cualquier alternativa que necesiten para su movilidad; plantearlo como una guerra entre tecnologías es un error. Podemos avanzar mucho más rápido con los combustibles renovables”.

Por su parte, Nacho Rabadán recordó que “el coche más vendido en España desde hace años es el más barato. Por cada coche nuevo, se venden muchos coches usados, en su mayoría de más de 10 años de antigüedad. Esto implica que estamos excluyendo del proceso a una parte muy importante de la población, y eso no tiene sentido”.

¿Electrificación o descarbonización?

Para los ponentes, uno de los problemas es que las administraciones parecen haber confundido su objetivo real, que es la descarbonización del transporte. Como señalaba Inés Cardenal, “un vehículo con motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de neutro que un vehículo eléctrico. Por eso creo que existe una importante confusión en la Administración: el objetivo último es descarbonizar el parque de vehículos, no electrificarlo”.

En esta línea insistía también Víctor García Nebreda, para quien “se está confundiendo descarbonizar con electrificar, y es un error muy grave que va a pagar Europa en términos de competencia industrial. Un motor de combustión por sí mismo no es contaminante: depende de con qué se lo alimente”.

Para Inés Cardenal, “las ayudas se están dirigiendo a la electrificación, no a la sustitución de vehículos antiguos. Hay que tener en cuenta que los combustibles renovables son una energía tan limpia como la solar o la eólica”.

Seguridad jurídica y fiscalidad

Para el presidente de AEVECAR, Jon Manterola, “existen numerosos retos, como la producción de combustibles renovables, su almacenamiento, la trazabilidad, la etiqueta ambiental. Todos ellos son pequeños retos que pueden superarse. Pero estamos perdiendo tiempo, porque las inversiones tienen que hacerse ya y necesitamos seguridad jurídica y saber que los combustibles renovables van a formar parte del mix energético”.

Sobre la fiscalidad, Manterola afirmó que “necesitamos una fiscalidad que apoye a aquellas tecnologías que adelantan los resultados que buscamos. No pedimos subvenciones, pero, al menos, que no nos penalicen frente a las otras opciones”.