Para mejorar la competencia y en último fin rebajar los precios, los informes de la CNC y la CNE recomendaban abrir más estaciones de servicio en hipermercados, centros comerciales y autopistas; revisar la duración de los contratos de suministro en exclusiva y prohibir que las petroleras establezcan los precios a las gasolineras. Pues bien, el Gobierno ha seguido estas recomendaciones y el pasado mes de julio incluyó en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo una modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Desde julio, el abanderamiento tiene un contrato máximo de un año prorrogable hasta tres, frente a los cinco anteriores. Con ello se pretende reforzar la competencia entre las petroleras para conquistar gasolineras. Sin embargo, esta norma encuentra detractores. “En la práctica no va a tener ese efecto porque las condiciones de precio, de producto y las ayudas para modernizar las estaciones van a ser escasas ya que los operadores no podrán amortizar esas inversiones en tan poco tiempo”, explica el secretario general de la patronal de gasolineras Aevecar, Víctor García Nebreda.

El nuevo reglamento también establece que las petroleras con una cuota de mercado superior al 30% en una provincia no podrá firmar más contratos (afecta a Repsol, fundamentalmente, y Cepsa). Asimismo, las compañías ya no podrán fijar directa o indirectamente los precios de los combustibles. Para García Nebreda, esto también tiene un problema porque más del 70% de las gasolineras son comisionistas, es decir, compran el combustible a los operadores para venderla y ellas ganan un porcentaje establecido (de media se sitúa en unos ocho céntimos por litro). “no se puede referenciar el precio, tampoco la comisión”, explica el portavoz.

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