Tiene el sector energético un nuevo competidor en la carrera por la electrificación. Las empresas de infraestructuras presentaron en verano pasado al Gobierno, a través de la patronal Seopan, una propuesta para instalar 598 electrolineras con 5.272 puntos de recarga públicos de 1.845 megavatios en la Red de Carreteras del Estado, con una inversión prevista de 1.643 millones de euros.

Un goloso pastel si se tiene en cuenta que en España hay apenas 17.000 puntos (8 de cada 10 de carga lenta; solo el 5% ultrarrápida), cuando la meta es llegar a 340.000 en 2030, para un parque de turismos 100% eléctricos —previsto— de cinco millones de unidades. Y, sobre todo, porque el entierro de los coches de combustión tiene fecha: el Ejecutivo prohibirá en 12 años su venta.

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