El sector del automóvil español se enfrenta a un tsunami difícil de parar, donde además de la falta de decisiones estratégicas en el ámbito de la movilidad eléctrica, le acompaña una fiscalidad obsoleta, y una administración compleja e ineficiente, para adaptarnos a la futura propulsión eléctrica, en la próxima década.

Todo el mundo sabe que, después del sector del turismo, la industria de automoción española es el sector más importante de nuestra economía.

Bajo estas premisas, y aun sabiendo el enorme cambio disruptivo que se está produciendo en esta industria, tenemos que reflexionar un momento acerca del tsunami que nos viene.
Desde el anuncio de la primera planta de baterías, comunicada en el año 2016, por el Gobierno de la República federal Alemana, unido a un fabricante de origen asiático, el escenario de la futura fabricación de automóviles Europa ha cambiado radicalmente.

Desde nuestra privilegiada posición como segundo fabricante europeo en el 2019 y noveno fabricante mundial, estamos observando los rápidos movimientos que se están produciendo a lo largo de la Unión Europea para afrontar el nuevo reto de la descarbonización de la economía, y como consecuencia de ello, la eliminación de la faz de la tierra de los motores de combustión interna, que ayudaron al liderazgo económico de Occidente en el siglo pasado.

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