FACUA-Consumidores en Acción rechaza frontalmente la multa que propone la Unión Europea a las comunidades autónomas que obliguen en las gasolineras a tener trabajadores que atiendan a las personas con diversidad funcional.

La asociación entiende que es inadmisible sancionar con 600.000 euros diarios a las regiones que tienen recogidas en su normativa la protección a estas personas ante este tipo de negocios.

Según indica la Unión Europea, la disposición que se incluyó en la Ley de Acompañamiento de 2015 referente a la atención de personas con diversidad funcional puede ser contraria a una directiva comunitaria sobre los servicios del mercado interior.

FACUA considera indignante el respaldo desde el Ejecutivo comunitario a un modelo de negocio como este, que atenta contra la protección de los derechos de los consumidores, sobre todo aquellos que, por sus circunstancias físicas y/o personales, puedan encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios de carácter esencial.

La asociación rechazó en su momento el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a este tipo de gasolineras, pues arremete contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos de la sociedad que son más vulnerables.

FACUA señala que la ausencia de personal genera, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.