El pasado viernes 22 de febrero se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como su propia denominación indica, es un anteproyecto de una Ley, que deberá de llevar su tramitación en el Congreso y que por lo tanto parece dificultoso que pueda ver la luz en esta legislatura, y tenga que esperarse al resultado de las elecciones, convocadas para el 28 de abril de este año, para que el partido que obtenga la confianza para gobernar la pueda tramitar, en estos términos o en los que sean.
Dicho esto, sí nos parece oportuno hacer alguna observación al respecto del anteproyecto presentado.

En primer lugar, resaltar que es incuestionable que hace falta, como ya hemos reiterado en otras ocasiones, una política energética encaminada a reducir la contaminación y a evitar el calentamiento global, y que, bajo nuestro humilde punto de vista, sería necesario que se hiciera con el consenso suficiente para que esa política se mantuviera los suficientes años para que resultara eficiente. Si planificamos una política energética que se cambie cada vez que haya un cambio de partido en el gobierno de la Nación, sólo conseguiremos ineficacia y derroche y como dice un buen amigo “los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía”.

Centrándonos en el texto y lo que afecta directamente a nuestro sector, el artículo 13 determina la obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, que en el año 2018 hayan tenido unas ventas superiores a 5.000.000 de litros. También señala que en el caso de que en una Provincia, Ciudad Autónoma o Isla no exista ninguna instalación con esas ventas, la obligación recaerá en los titulares de las instalaciones que más vendan hasta que conjunta o individualmente la suma de ventas de todas ellas alcancen el 10% del total de las ventas en esas áreas geográficas.

Ya expusimos nuestras alegaciones en el anterior texto, que poco más o menos venía a decir lo mismo. Y lo haremos al texto actual por varias razones.

La principal es que no creemos que sea razonable obligar a una empresa privada, con una cuenta de resultados que ha de ser responsable y que no perjudique a los propietarios, a realizar inversiones, no ya rentables, sino simplemente de muy dudosa capacidad para ser amortizadas. Es loable querer fomentar lo que a un equipo de Gobierno le parezca apropiado, pero no de cualquier manera y a cualquier coste, y trasladando la factura a unos terceros que no han pedido ser invitados a la fiesta. Sería más razonable tratar de incentivar a las empresas para que esa inversión privada se realizara, y se cubrieran las necesidades con un criterio de sostenibilidad, no sólo medioambiental sino también económica.

Estudiaremos en todo caso la legalidad de esta medida propuesta, y en su caso tomaremos las medidas oportunas ante los organismos pertinentes.

Por otra parte, el criterio que se utilice para la inminente implantación de puntos de recarga, debería ir dirigido a las necesidades más urgentes y en los enclaves que de verdad sean útiles. Nos podemos encontrar con que, en las grandes ciudades, donde habrá más instalaciones con esas ventas, y donde es mayor el número de vehículos eléctricos, aunque sea todavía irrelevante, ya está cubierta en buena medida la necesidad de esos puntos. Se han instalado en Hoteles, Centros Comerciales, bases de empresas logísticas, etc., e incluso en muchas instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, y además las administraciones públicas, como Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, han puesto encima de la mesa unas ayudas económicas de mayor o menor cuantía. Sin embargo, en otras zonas con menos población y donde no hay puntos de recarga y las ventas de las instalaciones de suministro son pequeñas, no se pondrían con los criterios que marca el anteproyecto y además es más difícil que se realice la inversión privada por falta de rentabilidad. Como consecuencia y a no ser que se hiciera cargo la administración, una buena parte del territorio quedaría excluido. Por eso creemos fundamental que no se utilice la vía de la obligatoriedad, sino la de medidas incentivadoras que vayan a la solución real del problema.

En todo caso y como decíamos al principio, veremos cual es la realidad de este anteproyecto y su tramitación en este momento, y tendremos que esperar al resultado de las elecciones generales para la auténtica puesta en marcha de una nueva política energética que, reiteramos, esperemos que sea ampliamente consensuada.

Artículo de Víctor García Nebreda, secretario general de Aeescam